miércoles, 27 de abril de 2011

Elevan a juicio a 61 mil infractores de la Caminera y hay otros 124 mil en carpeta

Se trata de los conductores declarados en rebeldía, que tampoco pagaron, ni hicieron descargos y el procedimiento continuó hasta llegar a la instancia judicial. El proceso involucra unos 50 millones de pesos. En tanto, hay 124 mil en gestión prejudicial. En un año se hicieron 225 mil intimaciones fehacientes, de las cuales sólo se pagaron 40 mil.
La Dirección de Rentas iniciará en las próximas horas un total de 61 mil juicios a infractores rebeldes de la Policía Caminera. En tanto, prepara otras 124 mil demandas que en estos momentos continúan en gestión prejudicial.
Los juicios, los primeros desde que se puso en marcha el sistema de multas tarifadas, en septiembre de 2008, serán notificados de manera masiva y apuntarán a “regularizar” la situación del organismo por deudas producto de  falta de pago.
En rigor, dentro de las demandas figuran expedientes iniciados desde el comienzo mismo del cobro de multas.
Con todo, la tarea de percepción de las infracciones recién se perfeccionó en mayo del año pasado, luego de que Rentas -con la colaboración en la gestión de cobranzas de Kolektor- avanzó decididamente en el recupero de esas deudas.
Desde entonces se enviaron 360 mil notificaciones, de las cuales al menos 225 mil fueron receptadas de manera efectiva por los infractores. De ese número, 30 mil pagaron de contado y otros 10 mil se inscribieron en los planes de pago vigentes.
El resto no pagó y se encuentra en gestión prejudicial o bien a punto de ir a juicio, como el caso de los 61 mil conductores del listado original.
En cuanto a las multas, las fuentes señalaron que son de todo tipo, aunque prevalecen las de menor rango -como la falta de luces bajas encendidas-.
Con todo, el monto de las infracciones es ciertamente abultado y se ubica en torno a los mil pesos, en promedio. Es que al valor original se sumó luego el incremento de la unidad fija de multa medida a partir del precio de la nafta especial, que obra como una suerte de “tasa de interés” por mora para el caso de las sanciones.
Asimismo, el juez de Faltas competente aplica habitualmente, en el caso de rebeldías, el mayor rango de unidades fijas de multa permitidas por el nomenclador habilitado, a diferencia de la actitud del magistrado cuando se trata de un pago voluntario a poco de labrarse la infracción.
Por lo demás, fuentes de Rentas admitieron que la cobranza mensual promedio, entre pago voluntario y cobro posterior, se ubica desde este año en torno a 7 millones de pesos mensuales.
De ese monto, unos 5 millones de pesos corresponden a ingresos producto del pago voluntario del infractor luego de producida la multa (incluye el beneficio de la quita de 50 por ciento del monto de la sanción) y el resto a gestión de cobro posterior.
Con todo, en febrero se recaudaron por esa vía 4,2 millones de pesos, y en marzo pasado, 3,8 millones.
La recaudación por multas de tránsito prevista para 2011 es de 36,4 millones de pesos. En tanto, desde su puesta en marcha, en septiembre de 2008, y hasta el 31 de diciembre pasado, las multas de la Caminera reportaron 27,5 millones de pesos.
Fuente: www.comercioyjusticia.com.ar

lunes, 25 de abril de 2011

Posibilidad de ampliación del régimen para jubilarse sin aportes.

El Gobierno ampliaría el régimen para jubilarse sin tener aportes.


Estudia extender los plazos de la moratoria previsional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Así podrían beneficiarse las personas que tienen la edad pero no aportaron lo necesario. Ya hay 2,5 millones de jubilados por esta vía.
A sólo seis meses de las elecciones presidenciales, el Gobierno tiene bajo estudio una medida que puede tener un fuerte impacto político: ampliar la moratoria previsional para permitir que más gente pueda acceder a jubilarse sin haber realizado aportes previsionales .

El sistema, también conocido como jubilación “de amas de casas”, permite que una persona que tiene la edad requerida (más 60 años las mujeres o más de 65 años los varones) pero le faltan años de aportes, pueda jubilarse, con derecho al haber mínimo. Y que la deuda por esos aportes no ingresados se vaya deduciendo del haber durante los siguientes 60 meses luego de concedida la jubilación. Así, descontando del haber mínimo la cuota mensual, cobraría una jubilación en torno de los $ 1.000 mensuales. 

Si bien este mecanismo -que entró a regir en 2005- sigue vigente, ahora tiene el inconveniente de que permite declarar por la moratoria los aportes no ingresados hasta septiembre de 1993.

Entonces, muchas mujeres que hoy tienen 60 años -es decir que nacieron en 1951- sólo podrían justificar 24 años de aportes: desde 1969, cuando cumplieron los 18 años y se empieza a aportar al sistema, hasta 1993. Y en este caso no podrían jubilarse porque les faltarían 6 años para completar los 30 años requeridos, salvo que empiecen a aportar como autónomo, monotributista o personal doméstico.

Lo mismo pasa, pero más atenuado, con los varones. Los que hoy tienen 65 años -nacieron en 1946- podrían justificar 29 años, desde que cumplieron los 18 años en 1974 hasta 1993. Esto significa que reunirían 29 años de aportes de los 30 exigidos.

Ahora se estudia ampliar la moratoria mediante un DNU hasta 2001 o 2003 con el argumento de que en esa fecha comenzó el proceso de recuperación económica y del empleo luego de la crisis. Si se aprueba, mucha gente pasaría a completar los 30 años de aportes y podría solicitar la jubilación.


Fuente: www.lt10digital.com.ar

jueves, 14 de abril de 2011

DERECHO DEL USUARIO A MANTENER SU NÚMERO TELEFÓNICO.-

En aproximadamente un año el usuario de telefonía celular podrá hacer el cambio de empresa sin perder su número telefónico. Esto se debe a que mediante un comunicado oficial el Gobierno parece querer terminar de llevar a la práctica uno de las disposiciones del decreto 764 de 2000 que pretendía avanzar con la idea de darle la opción a los usuarios de móviles para que pasen de una compañía a otra llevándose el número telefónico. Así la competencia sería más abierta y legitima.
El comunicado explica que Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, y Lisandro Salas, secretario de Comunicación, se reunieron con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para informarle que, a través de la resolución 98 de 2010 de la secretaría de Comunicaciones, quedaba reglamentada la portabilidad numérica en la Argentina.
Salas, sucesor de Guillermo Moreno al frente del manejo de las telecomunicaciones locales, explicó que el proceso técnico para habilitar esta opción, que las telefónicas resistieron durante años, demandará 40 millones de dólares de inversión que serán absorbidos en su totalidad por las operadoras. Según el secretario de Comunicaciones la modificación "demandará cerca de un año".
Se trata del derecho del usuario a mantener su número telefónico, un derecho que ya estaba contemplado en el marco regulatorio y en el decreto 764 de 2000. Con este paso la regulación está completa. Ahora lo que falta es el paso técnico que es montar el sistema que permite esto, a grandes rasgos es armar una gran base de datos que permite cambiar de números sin generar mayores problemas.
El mencionado decreto 764 del año 2000 se sustenta en los principios que gobiernan la libertad de comercio, el libre acceso al mercado, la fluida y libre circulación de toda información útil, la ausencia de intervenciones que lo distorsionen y la exclusión del ordenamiento jurídico de toda disposición que favorezca los monopolios y/o privilegios. Así también se basa en el artículo 42 de la CONSTITUCION NACIONAL estableció expresamente el deber de las autoridades de proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y a la calidad y eficiencia de los servicios públicos. La clave de estas reformas, en aras de la promoción de mercados competitivos, es posibilitar el ingreso de nuevos operadores a la industria de las telecomunicaciones.

DERECHO DEL USUARIO A MANTENER SU NÚMERO TELEFÓNICO.-

En aproximadamente un año el usuario de telefonía celular podrá hacer el cambio de empresa sin perder su número telefónico. Esto se debe a que mediante un comunicado oficial el Gobierno parece querer terminar de llevar a la práctica uno de las disposiciones del decreto 764 de 2000 que pretendía avanzar con la idea de darle la opción a los usuarios de móviles para que pasen de una compañía a otra llevándose el número telefónico. Así la competencia sería más abierta y legitima.
El comunicado explica que Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, y Lisandro Salas, secretario de Comunicación, se reunieron con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para informarle que, a través de la resolución 98 de 2010 de la secretaría de Comunicaciones, quedaba reglamentada la portabilidad numérica en la Argentina.
Salas, sucesor de Guillermo Moreno al frente del manejo de las telecomunicaciones locales, explicó que el proceso técnico para habilitar esta opción, que las telefónicas resistieron durante años, demandará 40 millones de dólares de inversión que serán absorbidos en su totalidad por las operadoras. Según el secretario de Comunicaciones la modificación "demandará cerca de un año".
Se trata del derecho del usuario a mantener su número telefónico, un derecho que ya estaba contemplado en el marco regulatorio y en el decreto 764 de 2000. Con este paso la regulación está completa. Ahora lo que falta es el paso técnico que es montar el sistema que permite esto, a grandes rasgos es armar una gran base de datos que permite cambiar de números sin generar mayores problemas.
El mencionado decreto 764 del año 2000 se sustenta en los principios que gobiernan la libertad de comercio, el libre acceso al mercado, la fluida y libre circulación de toda información útil, la ausencia de intervenciones que lo distorsionen y la exclusión del ordenamiento jurídico de toda disposición que favorezca los monopolios y/o privilegios. Así también se basa en el artículo 42 de la CONSTITUCION NACIONAL estableció expresamente el deber de las autoridades de proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y a la calidad y eficiencia de los servicios públicos. La clave de estas reformas, en aras de la promoción de mercados competitivos, es posibilitar el ingreso de nuevos operadores a la industria de las telecomunicaciones.